Tema.
ANÁLISIS POLÍTICO
Fecha:
2023-10-06
Medio:
VISTAZO
Página:
28
Tamaño:
1/2 PAGINA INTERIOR
Valor:
$ 8.520,00
Tipo:
NOTICIA
RATING
Rating:
16,24
Audiencia:
532.100
Universo:
3.276.701
Target:
Hombres-Mujeres 18-99 TOTAL
Fec. Est.:
Septiembre de 2023
Fuente:
INTERVIU S.A.
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EL CIRCULO VICIOSO DE UN BOTÍN POLÍTICO
Resumen:
Consejo de Participación Se creía que con el nacimiento del Consejo de Participación Ciudadana se acabarían las disputas políticas por la designación de autoridades de control, pero terminó como el botín perfecto para cooptar todo el poder. En poco más de cinco arios, esta institución ha vivido seis crisis, cuatro de sus presidentes fueron destituidos y no ha logrado nombrar autoridades. Pocos saben lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), la revolucionaria idea de la Constitución de 2008 para parir un cuarto poder, pero que terminó siendo el engendro para concentrar el poder. Allí laboran más de 300 empleados, que representan un gasto en sueldos de cerca de 500 mil dólares mensuales. Es el organismo que debe designar las autoridades de control, pero los procesos están entrampados o son boicoteados por las disputas partidistas de sus miembros. Y en gran medida es la génesis del caos institucional que atraviesa el país en los últimos años. Hace más de un año este organismo debía designar un Contralor, ya que el puesto lo ocupa el subrogante del subrogante del subrogante. El Defensor Público encargado ya cumplió un período completo sin siquiera haber participado del concurso para merecer el cargo. Los organismos electorales, CNE y el TCE, debían tener ya una renovación parcial de sus vocales, pero ellos, extendidos en sus períodos, son quienes llevan a cabo las elecciones. El próximo año deberá empezar el concurso para designar un nuevo Fiscal, pero, así como van las cosas... Otra vez la situación es crítica: si son destituidos cuatro de los siete consejeros que fueron posesionados hace menos de cinco meses, este sería el quinto descabezamiento en los últimos cuatro años. El protagonista de la crisis actual es Alembert Vera, el abogado que auspició el juicio del expresidente Rafael Correa contra diario El Universo hace más de una década, y ahora llegó a presidir el Cpccs. Vera hizo lo que el manual le decía que no haga: abrir veedurías para revisar las designaciones del Consejo de Participación Transitorio entre 2018 y 2019, que quedaron blindadas por la Corte Constitucional para que nadie pudiera echarlas abajo. Parece que no se enteró que sus antecesores: el cura José Tuárez y Hernán Ulloa, fueron destituidos por irrespetar las sentencias de la Corte Constitucional. Pero para Vera quizás las presiones o ideas políticas eran más grandes. Ya dijo Rafael Correa que la Corte Constitucional es un obstáculo para él y ha señalado a la fiscal Diana Salazar como la culpable de que lo hayan sentenciado en el caso Sobornos. Casualmente, lo que hizo Vera apenas llegó al Consejo fue dar paso a veedurías para investigar las designaciones la Fiscal y de los magistrados de la Corte. Casualmente, fue Correa quien hizo campaña por Vera y una lista de consejeros, pese a que la Ley dice que los integrantes del Consejo no deben tener afiliación partidista. Pero a nadie le importó eso. Círculo vicioso El problema es que no importa quien llegue al Cpccs, puesto que "la institución está concebida para, únicamente, funcionar bajo un esquema presidencialista tendiente a controlar a las autoridades de control", dice Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y así funcionó mientras Rafael Correa se mantuvo en el poder y los consejeros eran afines a su proyecto político. El Consejo de Participación transitorio, impulsado por Lenín Moreno en consulta popular y conducido por Julio César Trujillo, cambió todas las autoridades y blindó esas actuaciones. Las integraciones de los dos Consejos siguientes no han hecho más que pelearse entre sí y no han podido sacar adelante los concursos de autoridades. En eso coincide la cons- titudonalista y docente de la UEES, Pamela Aguirre Castro, puesto que considera al Cpccs como un error descomunal de la Constitución de Montecristi. Refiere que las democracias tienen tres poderes: Ejecutivo que administra y ejecuta; Legislativo, que dicta las normas; y Judicial, que juzga a quien rompe las leyes. Un nuevo poder desequilibra todo esto y toma posiciones políticas aparentando no ser político. "Y ahora todos quieren cooptar el Consejo de Participación porque no lo pueden hacer a través de la Asamblea. Los órganos políticos son Ejecutivo y Legislativo y ahora tenemos un Consejo que juega para cualquiera de los dos lados", cuestiona Aguirre. Todos quieren ese botín. Aunque la posible destitución de Vera demostrará nuevamente que no se puede ir en contra de las sentencias de la Corte Constitucional, quienes reemplazarían a los salientes tienen intereses similares y empezará nuevamente el círculo vicioso. Ya pasó con Tuárez, que se alineó a los intereses del correísmo; a Sofía Almeida que se le vinculaba al socialcristia- nismo; a Hernán Ulloa que se lo asociaba con el gobierno de Guillermo Lasso. Los intereses políticos son muy evidentes para querer ocultarlos con un dedo. Aguirre afirma que, aunque Vera diga que no era su intención que se destituyera a la Corte Constitucional y la Fiscal, hay una clara intención de desprestigiar a esas autoridades, sobre todo a la Corte que es el último resquidc de institucionalidad del país. Alarcón por su parte dice que no queda otra que seguir atentos a lo que hace el Consejo hasta que la clase política decida eliminarlo y devolver la designación de autoridades de control a la Asamblea, que es el órgano político por excelencia y donde se deben resolver estos problemas y no la novelería del cuarto poder. De tumbo en tumbo 14 de agosto de 2019 La Asamblea Nacional destituyó al presidente del Consejo, el cura José Carlos Tuárez y tres consejeros más: Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez, quienes decidieron crear una comisión especial para revisar la designación de la Corte Constitucio- nal, haciendo caso omiso de que hay un dictamen que blindó las resoluciones del Consejo transitorio. Tuárez duró dos meses en el cargo. Y luego de su destitución aparecieron denuncias sobre su participación en delitos. Fue procesado y condenado a cinco años de prisión por la venta de cargos públicos. 13 de octubre de 2020 Tuárez fue reemplazado en la presidencia del Consejo por Christian Cruz, quien se preciaba de ser cinta negra en artes marciales. Pero 13 meses después caía en desgracia cuando la Asamblea le inició un juicio político. Aunque, entre las causales para su destitución estaba el incumplimiento de funciones por expedir reglamentos sin la intervención del Pleno, lo que más se discutió fue su carné de discapacidad del 85 por ciento, pese a ser deportista. Luego de Cruz, la presidencia fue ocupada por Sofía Almeida para completar el período de dos años y se reeligió en junio de 2021. 9 de febrero de 2022 Una pugna interna entre Sofía Almeida y Hernán Ulloa, terminó con la consagración de Ulloa como nuevo presidente del Consejo, cargo que lo ocupaba Almeida desde junio de 2021. La pelea era por el concurso de autoridades de control, sobre todo de Contralor. Unos culpaban a Almeida de querer direccio- nar el concurso a favor de intereses políticos, pues ella es sobrina del exlegislador del Partido Social Cristiano, Luis Almeida. Mientras a Ulloa se lo trataba de gobiernista pues fue parte de las campañas políticas de CREO, el movimiento de Guillermo Lasso. 18 de noviembre de 2022 La Asamblea Nacional destituía a cuatro consejeros: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, pero ellos interpusieron una acción de protección y un juez les dio la razón. Volvieron al Consejo unos días después, colocando a Ulloa como presidente del organismo. Entre las causas de la destitución estuvo una reforma al reglamento en el concurso para elegir Contralor. Pero sus días estaban contados, una serie de incumplimientos, les pasaría factura dos meses después. 23 de enero de 2023 Fueron destituidos los siete consejeros: Hernán Ulloa a la cabeza, por no escoger al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, incumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional de septiembre de 2022. El Consejo de Participación saboteó cuatro veces la terna que había enviado la Corte Nacional de Justicia para designar a un nuevo presidente de la Judicatura. Así terminó la etapa de ese Consejo, con cuatro presidentes distintos en cuatro años , y una docena de miembros destituidos. Octubre de 2023 Cuatro consejeros: Alembert Vera y Agusto Verduga, identificados con el correísmo; Yadira Saltos, identificada con el socialcristianismo; y Johanna Verdezoto, aparentemente independiente, formaron una mayoría y dieron paso a las veedurías para revisar las designaciones de la Fiscal y los miembros de la Corte Constitucional. Ahora la Corte evalúa el grado de incumplimiento de los consejeros. Los analistas coinciden en que deben ser destituidos. Sus reemplazos calientan motores. En la cuerda floja Augusto Verduga Sánchez Fue el consejero más votado en el grupo de los hombres, con el 17,4 por ciento. Se considera admirador de la Revolución Ciudadana, aunque dice que sí ha sido crítico con esa organización. Dirige el medio de comunicación digital La Kolmena. Alembert Vera Rivera Llegó en segundo lugar con un 8,2 por ciento de votación. Fue abogado del expresidente Rafael Correa en el juicio millonario contra Emilio Palacio y diario El Universo. Entró con la consigna de revisar las "atrocidades del trujillato", según él mismo lo afirmó. Yadira Saltos Rivas Obtuvo la más alta votación en el grupo de las mujeres: 14,7 por ciento. Tuvo varios puestos en instituciones públicas y su hermano, Rafael Saltos, fue candidato a la Alcaldía de Portoviejo por la Revolución Ciudadana. Johanna Verdezoto del Salto Fue la ganadora de la papeleta de las "minorías", con el 19,5 por ciento de votos. Se considera montuvia; nació en Montalvo, provincia de Los Ríos. Aunque no se le identifica una afinidad política se subió a la agenda de Alembert Vera, a quien ayudó a formar mayoría. CALIENTAN MOTORES Juan Esteban Guarderas Político y activista. Perteneció a la Izquierda Democrática y recientemente puso una demanda contra Alembert Vera, puesto que el correísmo hizo campaña por él y otros candidatos a consejeros del Cpccs, cuando la Ley lo prohíbe. Dijo haber recibido amenazas. Eduardo Franco Loor o Gonzalo Albán Para reemplazar el puesto de Alembert Vera, en teoría, debería ser Franco Loor, quien fue abogado del expresi-1 dente Jorge Glas. Pero como no se presentó para la posesión en la Asamblea, es como que hubiera rechazado el puesto. Así que quien le sigue es Gonzalo Albán. Jazmín Enríquez Castro Fue la candidata más joven al Cpccs: tiene 26 años. Dice no tener afinidades políticas, aunque la ubican con el correísmo por haber trabajado en la Alcaldía de Santo Domingo con Wilson Erazo, de la Revolución Ciudadana. Ángel Chela Llumiguano Es el segundo más votado en la papeleta de minorías, así que reemplazaría a Verdezoto. Chela es líder indígena y parte de la Conaie. Fue asesor de Luis Pachala, quien fue secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el actual gobierno.
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